Intendencia de Policía y Superintendencia de Control del Poder de Mercado, informaron resultados de operativos por inicio de clases

La Intendencia General de Policía de la provincia de Loja conjuntamente con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó operativos de control el pasado 01 de septiembre a servicios y productos de educación en establecimientos y locales comerciales por motivo del inicio del periodo escolar. La inspección se efectuó en 25 establecimientos entre particulares y fiscomisionales.


Eduardo Jaramillo, Gobernador de la provincia de Loja, destacó que el Gobierno Nacional trabaja para precautelar el bienestar ciudadano. “Cuando tenemos que actuar lo hacemos con fuerza; hago un llamado a los centros educativos a que realicen sus actividades bajo el cumplimiento de la ley", expresó Jaramillo.


Entre las irregularidades encontradas en las instituciones están: Direccionamiento de establecimientos educativos a librerías, no publicación de lista de útiles con precios referenciales, no publicación de precios de matrícula y pensión, direccionamiento a locales para ventas de uniformes.


Robert Blacio, intendente general de Policía indicó que en virtud de denuncias verbales realizadas por ciudadanos se emprendió el plan de control. “Hemos entregado el informe correspondiente a la Súper Intendencia de Control del Poder de Mercado para que ejecute las acciones correspondientes, como principio de cooperación administrativa”, dijo.


Vicente Analuisa, representante de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, zona 7, explicó que se establece como objetivo institucional, eliminar y sancionar prácticas que perjudiquen a los usuarios, además mencionó que estas se encuentran tipificadas a través de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.


“Hemos iniciado el procedimiento legal para verificar la información entregada, de ser corroborada se procederá a sancionar. Se realizará un proceso investigativo integral, esta investigación involucra a todos los actores que convergen en el proceso educativo”, recalcó Analuisa.


Las sanciones en este tipo de prácticas restrictivas van desde de 8% al 12% del total de ventas generadas en el ejercicio económico anterior o multas que pueden ir desde 50 hasta 40 mil salarios básicos unificados. La ley se aplica según la gravedad o tipo de sanción que se determine en el proceso legal. Se garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa.